Claudio Orrego, Intendente de la Región Metropolitana

El llamado “efecto partido” reanimó el debate sobre la calidad del aire en nuestra capital y las medidas que debiera contemplar el nuevo Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana. Nos alegra que así sea. El negativo efecto de los asados en la calidad del aire en días de partido de la Roja con malas condiciones de ventilación, ha relevado la responsabilidad que les cabe en las emergencias no sólo a las autoridades, sino que también a los propios ciudadanos. ¿Cuál es entonces el compromiso que cada uno debe asumir?

Ha costado que los santiaguinos asuman que la contaminación es multicausal y que no existe una sola medida (mucho menos indolora) que la resuelva. En Santiago un tercio de la contaminación la producen las industrias, otro tercio el transporte (público y privado) y el último tercio está dado principalmente por el consumo de leña en los hogares. En consecuencia, un plan que aspira a ser integral, debe atacar estas tres fuentes de la contaminación.

Entre las medidas propuestas, las que han causado mayor escozor son la restricción vehicular permanente durante los cuatro meses de invierno- 16 veces al año para cada dígito- y la prohibición absoluta del uso de la leña en las zonas urbanas de Santiago a partir de 2017.

En esta polémica hay una buena dosis de hipocresía. Es fácil reclamar por aire limpio sin estar dispuesto a hacer nada por conseguirlo. Más aún cuando el que contamina con su 4×4 o usa su calefactor a leña de última generación, es el mismo que critica la falta de medidas de fondo en este u otro tema ambiental.

Un buen ejemplo es la leña. Si bien Santiago tiene 2 millones de hogares, sólo 120 mil hogares utilizan la calefacción a leña, lo cual puede representar hasta el 50% de la contaminación en los meses más agudos de invierno. Prohibir completamente su uso no es sólo una buena y necesaria medida desde el punto de vista de salud pública, sino también desde la justicia social.

Se ha intentado argumentar que esta prohibición afectaría a la gente de menores recursos de la región. Eso no es cierto. No somos Coyhaique, donde el 98% de la gente se calefacciona a leña. Acá la mayoría de los hogares usan parafina o electricidad, y los que usan leña en la zona urbana de la región se ubican principalmente en el  sector oriente de la ciudad, y pertenecen a las capas más acomodadas de nuestra sociedad.

Para peor, la contaminación de esta minoría baja por razones geográficas hasta el valle y se concentra principalmente en las comunas más pobres del sector poniente (Cerro Navia, Pudahuel, etc.). Es de toda  justicia urbana evitar que esto siga ocurriendo.

Si bien es un hecho que debemos seguir fortaleciendo la fiscalización (claramente insuficiente para algo tan importante), nada puede reemplazar la corresponsabilidad  de los ciudadanos. La libertad individual no puede estar sobre la salud de las personas, especialmente las más vulnerables. En otras palabras, nunca tendremos la calidad del aire que decimos querer, mientras no estemos dispuestos a modificar nuestros hábitos de vida y respetar aquellas restricciones que se establecen en pro del bien común.

No hay mejor control que aquel que surge de la conciencia cívica y ambiental de miles de ciudadanos. La salud de todos, especialmente de niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, debiera ser un argumento suficientemente poderoso para que entre todos hagamos un sacrificio y trabajemos por una ciudad con aire de clase mundial.

 * Columna publicada en La Tercera el jueves 28 de julio de 2016.