Por Claudio Orrego, Intendente de la Región Metropolitana

En tiempos en que vivimos una de las mayores crisis de confianza que han conocido las instituciones chilenas, tanto públicas como privadas, tanto religiosas como políticas, la búsqueda de caminos para combatir el recelo ciudadano ha concitado el compromiso de una vasta franja de líderes políticos y sociales.

Mientras algunos actores se centrarán en el Código Penal, y buscarán las penas, sanciones y procedimientos adecuados para perseguir eventuales actos de corrupción o de uso de información privilegiada, otros se enfocarán en fortalecer las instituciones en cuanto a su autonomía y sus poderes fiscalizadores. Todo ello está muy bien, y debe realizarse a la brevedad.

Sin embargo, hay un camino que debe ser relevado, que es significativamente más barato, y que supone un rol tanto de la autoridad como de la ciudadanía. Hablo del camino de la transparencia.

Hace ya varios años la Ley de Transparencia Pública estableció un conjunto de obligaciones respecto a las informaciones que las autoridades públicas debían dar a conocer a la ciudadanía por medio de Internet. Así, también, se reglamentó el derecho de los ciudadanos a reclamar por la información que podía estar disponible en las distintas reparticiones del Estado.

Fue un proceso complejo del que surgió un modelo que creemos se ha quedado desfasado en la cada vez más urgente necesidad de probidad que la ciudadanía exige a las autoridades. Llegó el momento de revisar y mejorar la actual legislación, adecuándola a estos tiempos, y en ese sentido no puedo sino apoyar el llamado de la Presidenta a elevar los niveles de transparencia en el gobierno y en diversas reparticiones del Estado.

Un buen ejemplo de transparencia es el portal ChileCompra, donde, ocupando las nuevas tecnologías de la información, se realizan todas las grandes licitaciones públicas, y cualquier ciudadano interesado puede seguir el proceso y analizar su marcha.

Pero no basta sólo con publicar, también hay que analizar y fiscalizar. Y en el caso de las declaraciones de Patrimonio y de Intereses, ocurre que si bien todas las autoridades tenemos que hacerlas, no hay ninguna obligación de que éstas sean publicadas en el mismo formato, de manera que sean fácilmente comparables y fiscalizables tanto por la ciudadanía como por otras entidades públicas.

La ley también señala qué información debe publicarse en las respectivas páginas web, y que debe hacerse de forma completa y actualizada; sin embargo, falta aún definir cómo se debe publicar. En materia de transparencia, nada debe quedar expuesto a criterios subjetivos que inviten a especulaciones y malos entendidos.

Soy un convencido de que quien nada hace nada teme. Y mientras más información del trabajo que hacemos como servidores públicos esté disponible en la web, menores espacios y posibilidades para la corrupción pública y privada pueden existir.

La transparencia no ha estado mayormente en el tapete del debate nacional, pero nunca es tarde para hacerlo. Es la manera más cívica de involucrar a los ciudadanos en la discusión del tipo de democracia que todos queremos.

 *Columna publicada en el diario La Tercera el 26 de marzo de 2015.