Claudio Orrego, Intendente de la Región Metropolitana

En los últimos meses, la opinión pública se ha visto sorprendida por varios hechos relacionados a la infancia más vulnerable de nuestro país. El más impactante, sin duda, es el  descubrimiento de las duras condiciones en que se desenvuelven los menores del Sename, con sus indignantes cifras de muertos y crudos relatos sobre múltiples vulneraciones a sus derechos.

También ha impresionado la seguidilla de actos delictuales protagonizados  por menores, algunos de ellos con resultados dramáticos, como el ocurrido a fines de agosto cuando dos menores terminaron sus vidas estrellados contra un árbol después de robar un auto en Providencia. O el del niño de 12 años que robó un camión y que en su loca huída arrolló a 5 peatones en una feria de Puente Alto. Pero hay otro tema que emerge por detrás  de estas duras historias y que aún se mantiene invisibilizado en Chile. Hablamos de la deserción escolar.

En Santiago hay cerca de 36 mil niños de entre 6 y 18 años con escolaridad incompleta y que no están matriculados en ningún colegio. Ligado a lo anterior, el estudio nos entrega otra cifra: más de la mitad de los desertores no vuelve nunca más a completar su escolaridad. Esto significa que dejan inconcluso su proceso de aprendizaje y pierden oportunidades, quedando expuestos a la segregación, a la marginación, a las drogas y a la delincuencia. Solo para subrayar: 6 mil de estos 36 mil desertores escolares han pasado por el Sename.

Muchas de estas deserciones tienen su origen en maltratos, agresiones y discriminación ocurridos en el propio espacio educativo. Así nace el programa “Aquí Presente”, que busca intervenir tempranamente en los primeros síntomas de una eventual deserción, a saber, el ausentismo escolar, con un Sistema de Alerta Temprana, con duplas sicosociales, para hacer un seguimiento y plan de apoyo personalizado para cada alumno que tuviera menos del 75% de asistencia escolar.

El programa ha sido eficaz, con mejoras significativas en asistencia en un 64.6% de los casos. Pero necesitamos que se traduzca pronto en una política pública que institucionalice este sistema. Porque si bien la cifra llama a preocuparse, también es lo suficientemente acotada para ser eficazmente abordada con políticas y programas bien diseñados y focalizados.

Un niño sin escolaridad es un niño vulnerable. Un joven que se queda atrás es un adulto que no desarrolla todo su potencial. Como Estado nos cabe la responsabilidad de desarrollar una política pública que se haga cargo integralmente de este flagelo. Si no actuamos ahora, no nos quejemos mañana de los niños y niñas que aparecen en las noticias como victimarios/víctimas de la delincuencia y el narcotráfico.

* Columna publicada en La Segunda el miércoles 19 de octubre de 2016.