Por Claudio Orrego, Intendente RM

Pocas son las imágenes que indignen más a un santiaguino que ver como las calles de la ciudad se llenan de tacos interminables, con barrios otrora apacibles convertidos hoy en verdaderas pesadillas. Uno de esos lugares emblemáticos es Pedro Fontova, en Huechuraba, donde una calle pequeña, angosta, conecta a un sector donde viven miles y miles de personas. La pregunta de cualquier ciudadano es ¿por qué ocurrió esto? ¿dónde estaba el alcalde, dónde estaba el intendente, dónde estaba el ministro, que no fueron capaces de prever y evitar que algo de esto ocurriera?

Así como muchas veces la ciudad tiene problemas que surgen de malas políticas públicas o de errores cometidos por la autoridad, en esta ocasión el principal error no viene de la autoridad sino de algunos en el sector privado que empeoran la calidad de vida de todos por no responsabilizarse en colaborar para tener una ciudad más humana.

Para quienes no lo saben, en Chile existe por ley una forma de regular, limitar y/o mitigar el impacto vial del desarrollo inmobiliario. En el artículo 2.4.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) se señala claramente que cualquier conjunto habitacional que proyecte más de 250 estacionamientos  debe realizar un “Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano” (EISTU) cuyo buen propósito es que los actores del sector inmobiliario asuman parte de los costos económicos de los impactos viales y ambientales que sus proyectos generan en la ciudad. Así, según el volumen de cada proyecto, las medidas de mitigación pueden considerar ensanche de calles, colocación de semáforos, cambios en la dirección del tránsito, ejecución de caleteras, empalmes con otras vías, etcétera.

Pero no todos asumen esa responsabilidad. Ahora, ¿cuál ha sido la manera de hacerle el quite a la ley? Comprar grandes paños de terreno y luego fraccionarlos en pequeños proyectos –sí, usted adivina bien- todos con menos  de 250 estacionamientos.

Es lo que hemos denominado “elusión urbana”, una práctica que si bien no puede considerarse un delito, sí claramente es un método cuestionable para evadir un compromiso que en circunstancias normales debiera considerarse como uno de los costos del proyecto. Ojalá Pedro Fontova fuera una excepción, pero en Buin y Paine cerca de 60 proyectos inmobiliarios han colapsado una zona anteriormente rural, sin siquiera invertir en infraestructura de veredas. En las Rejas con Ecuador, comuna de Estación Central, siete torres de edificios de dueños relacionados están tratando de eludir la obligación que tienen en materia de estacionamientos y de impacto vial. Y así suma y sigue lo que lamentablemente ha terminado siendo una práctica generalizada en la ciudad.

Ha llegado el momento de ponerle el cascabel a ese gato. Para ello existe actualmente un proyecto llamado “Ley de Aportes al Espacio Público”, enviado por el ministerio de Vivienda al Congreso Nacional y que se encuentra en su segundo trámite, que elimina de raíz este problema al generar un aporte compensatorio proporcional al tamaño de cada conjunto habitacional que se realiza en Santiago.

A quienes se indignan con los ‘tacos’, los invitamos también a indignarse con aquellas empresas que eluden su responsabilidad con la sociedad, mediante el subterfugio de fraccionar proyectos de esta manera. Solo una ley de aportes urbanos, que sea cumplida por todos los actores, nos permitirá construir la ciudad amable y armónica que todos deseamos y demandamos.

*Columna de Opinión publicada en Diario El Mercurio el 02 de septiembre de 2014