Por Claudio Orrego, Intendente de la Región Metropolitana

El 2014 terminó con una gran noticia para quienes creemos en la descentralización. Cumpliendo con su promesa de campaña, la Presidenta envió el proyecto de reforma constitucional que establece intendentes electos y nuevos gobiernos metropolitanos para tres áreas del país: Concepción, Valparaíso y Santiago. La iniciativa ha disparado un interesante debate político, y se advierte desde ya una larga y difícil tramitación en el Parlamento (algunos ya hablan de postergar las elecciones en al menos un período).

La eficacia de esta reforma está a mi juicio subordinada a dos elementos fundamentales. Primero, que no sea solamente una reforma electoral. Ya tuvimos la experiencia con los consejeros regionales electos, donde vimos que la mera elección ciudadana no garantiza poder efectivo para hacer los cambios que ciudades y regiones necesitan. El eje principal para descentralizar el país es entregar autonomía al gobierno de la región, con competencias efectivas para planificar y ejecutar -junto a las comunas- iniciativas para el desarrollo de la región.

Un nuevo intendente, democráticamente electo, pero sin las atribuciones, sin el personal, y sin los recursos económicos para incidir de manera efectiva en el futuro de las regiones y las ciudades, puede terminar siendo un remedio peor que la enfermedad.

El segundo elemento clave es la gradualidad. Mientras se tramita la reforma en el Congreso es el momento para empezar a hacer aquellos cambios administrativos y de competencia que no impliquen modificar el marco constitucional y legal vigente. Para eso es fundamental empezar a evaluar ahora, y no en 3 años más, el tipo de funciones y de servicios públicos que debieran pasar a manos del nuevo Intendente.

La necesidad de tener un gobierno metropolitano de toda la ciudad de Santiago es una urgencia en la que coinciden académicos, autoridades políticas, y empresarios. El medio ambiente, el agua, la gestión de residuos, el transporte, el ordenamiento territorial, las grandes infraestructuras públicas y la coordinación de los distintos ministerios y empresas en el territorio, demandan su existencia.

¿Lo tendremos alguna vez? ¿Tendrá el coraje el Parlamento de crear una nueva instancia con legitimidad ciudadana y política? Son preguntas fundamentales. Pero hay otra más importante: ¿Tenemos la voluntad política de avanzar ahora?

Utilizando lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y en diálogo con alcaldes, consejeros regionales, y expertos en transporte, urbanismo y descentralización, le haremos llegar en las próximas semanas a la Presidenta Bachelet un conjunto de medidas que se pueden adoptar ahora. De esta forma, y sin modificar ninguna ley, empezar, gradual y efectivamente, una transición que nos permita construir gobiernos metropolitanos fuertes, democráticos y estables.

Abandonar de una vez y para siempre el modelo de ciudades dispersas, donde funciona un mercado sin control y donde la falta de diálogo entre las distintas agencias del estado se ha convertido en un problema sin solución. Tener una efectiva Ley de Descentralización es tanto un imperativo ético como una necesidad de sobrevivencia.

*Columna publicada en el Diario La Tercera el 19 de enero de 2014.