Claudio Orrego, Intendente de la Región Metropolitana

Algunos creen que la peor postal de Santiago  es la de un día de invierno con la cordillera tapada por el esmog. Se equivocan. La peor, desde el punto de vista ambiental, estético y sobretodo social, es sin duda la que muestran las toneladas de basura ilegalmente distribuidas por diversas comunas de la ciudad. Llegó el momento, entonces, de que pongamos este tema como prioridad número uno en materia de calidad de vida para los santiaguinos y santiaguinas.

Según el último catastro de la Seremi de Medio Ambiente, la Región Metropolitana tiene 65 vertederos ilegales y más de 700 microbasurales. Habitantes de La Pintana, Puente Alto, San Bernardo, Maipu, Peñalolén, Cerro Navia, Quilicura, Pudahuel, Lo Espejo, La Granja, y otras comunas de los sectores más vulnerables y sacrificados de Santiago tienen, lamentablemente, esta postal de basura desparramada  como un invitado indeseable.

En mis años de alcalde, ministro, y ahora de Intendente, he podido escuchar en innumerables ocasiones el pedido angustioso, muchas veces resignado, pero siempre doloroso, de quienes se sienten ciudadanos de segunda categoría, no tanto por el dinero que ganan como por el entorno en que viven. Vivir alrededor de un basural es una de las cosas más indignas que puede haber y, sin embargo, hay miles de santiaguinos que hoy padecen esta situación.

Muchos no saben que existe una mafia detrás de la basura, que se ampara en una deficiente legislación. Excusándose en que la ley solo sanciona al que bota escombros y basura, hecho que además  debe estar debidamente probado mediante imágenes o en flagrancia (que ocurre a altas horas de la madrugada), muchos se dedican al lucrativo negocio de transportar desperdicios hasta alguno de estos basurales o vertederos ilegales, sin siquiera temer una sanción o represalia. Es así como estos “botaderos” han proliferado incluso a un costado del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, la principal puerta de entrada al país, o a orillas del Río Mapocho, el principal cauce de agua que cruza la ciudad.

Como Gobierno, ya le hemos dado urgencia al proyecto de ley que sanciona el transporte ilegal de basura. Esto es la recolección  (vía carretilla, carretón o camión) de residuos sólidos, orgánicos o no orgánicos que vayan a un lugar que no sea un relleno sanitario autorizado por la ley. Las sanciones suponen multas más altas, tanto para el contrata como para el que transporta, suspensión de la licencia de conducir por hasta dos años, confiscación del vehículo (mecánico o animal), y presidio en el caso de tratarse de residuos tóxicos.

Sin embargo, para acabar con los vertederos y basurales clandestinos, esto no es suficiente. También es necesario que este cambio normativo vaya acompañado de un cambio cultural que vaya aparejado de un nuevo rol fiscalizador que tendremos todos los ciudadanos. Para ello estamos desarrollando una aplicación para celulares que permita que todo buen ciudadano sea también un fiscalizador.

Cuando se apruebe este cuerpo legal y se vuelva más estricto, podremos por fin empezar a dar una batalla en serio contra quienes han tenido el peor lucro de todos: el lucro en base a la indignidad y los problemas ambientales de la ciudad.

*Columna publicada en el diario La Segunda el 05 de agosto de 2015.